Francisco Cabral Bravo
Con solidaridad y respeto a Ricardo Ahued Bardahuil e Ing. Eric Patrocinio Cisneros Burgos
El poder tiene sus reglas: destruye al que lo usas sin medida, pero también al que, debiendo ejercerlo, lo rehúye.
Aunque es un tema que ya he abordado en este espacio, su recurrencia me obliga a ponerlo nuevamente sobre la mesa.
Cuando en 2012 se inició la discusión sobre la violencia política contra las mujeres hubo poca receptividad del tema. Se alegaba que en campañas siempre surgían problemas y había desencuentros y descalificaciones, lo cual no era un tema de género sino de competencia política mal conducida. Que no era necesaria una legislación específica en la materia porque no era un problema de género. Se prohibieron campañas negras, pero son anónimas, difícil aplicar sanciones y ubicar responsables.
Han pasado ya varios años y varias iniciativas de senadoras y disputadas que han tratado de legislar en materia de violencia política contra las mujeres que hace nulos sus derechos. Muchas plantearon propuestas para abatir este fenómeno que fue creciendo conforme las cuotas se afianzaban, primero de 30/70 como recomendación, luego como obligatorio con intercalados en listas plurinominales hasta llegar al 60/40, que fue rechazado por los partidos.
Poco a poco se abrieron espacios, pero colocaban a las mujeres en los últimos lugares de las listas. Las mandaban a distritos perdedores de sus partidos. Decían en asambleas las mujeres no eran electas en procesos democráticos internos. Ante protestas, las destituían de cargos partidistas, no apoyaban económicamente a las candidatas, en fin, toda una gama de medidas para cumplir sin acatar.
El colmo fue el caso de "las juanitas" donde los partidos para cumplir el 60/40, postularon mujeres que tras rendir protesta pedían licencia para que un varón ocupara el espacio. Fue un escándalo como se eludió la ley. Mujeres en Plural presentó juicio de derechos políticos ante tribunales. Ganaron con una sentencia, la 12624, que establecía criterios. Solo puede suplir a un candidato otra mujer.
No importa si hay elecciones democráticas, la cuota se debe de cumplir. Se debe intercalar en segmentos de cinco o por lo menos dos mujeres, en las plurinominales. Se aumentó el monto para capacitar cuadros femeninos en los partidos. Se prohibió mandar a mujeres a distritos perdedores, se estableció un mecanismo de seguimiento del entonces IFE y finalmente, la sentencia del TEPJF no dejó espacio para trampas.
En 2013 la iniciativa de Reforma Política se aprueba con la modalidad de paridad en candidaturas a Congreso de La Unión y congresos locales. Después la SCJN incorpora a los cabildos, como órganos colegiados a la paridad. Muchos estados a raíz de sentencias, cambian sus leyes e incluyen la paridad municipal. En 2015 llegan a más de 30% las mujeres legisladoras. En 2018, el número crece a más del 40% y en congresos locales se supera el 50%. Esta masa crítica de mujeres fue básica para que las iniciativas de Malú Micher y Kenya López, sobre paridad en todo, avanzara.
No fue fácil incluir municipios y pueblos indígenas en la paridad, tampoco fue sencilla la aprobación en la Cámara de Diputados pues Porfirio Muñoz Ledo insistía en dictaminar su propuesta y regresar minuta al Senado, lo que evitaría se pudiesen aplicar los criterios para las elecciones de 2021. La paridad en todo prosperó y se aprobó la reforma constitucional.
Para lograr este avance se necesitaba que existiera un marco de inhibición a la cultura patriarcal. Por fin, se legisló en violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Se reformaron las leyes electorales, se crearon de delitos, se modificó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establecieron nuevos procedimientos para agilizar
justicia y medidas de protección, y se establecieron penas que pueden ir de 6 meses a 4 años de prisión.
Muchos, como suele suceder, ni se enteraron, así que la violencia política se registró en los comicios de 2021. Tribunales y órganos electorales han actuado, pero predomina la cultura machista.
En otro orden de ideas en ciertas ocasiones pensamos sí, ante nuestros problemas colectivos, requerimos dónde buena suerte o, además, de algunos milagros. En la política, como en todo espacio del acontecer humano, existe la buena suerte y, también ¿por qué no? Existen los milagros.
La distinción entre uno y otro es de naturaleza causal y no resultante.
La buena suerte sería sacarse la lotería comprando el boleto premiado. El milagro sería sacársela sin siquiera comprar boleto. La consecuencia es la misma, pero el origen es distinto.
La herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si tú controlas el significado de las palabras puedes controlar a la gente qué utiliza esas palabras. Así definió el escritor Philip K. Dick la desinformación.
El periodismo que circula en las redes sociales está todavía distante de la seriedad que implica el quehacer informativo. Hay más pasión que argumentos y, desde luego, está movido por un natural resentimiento.
Los opositores del sistema se apoyan para despotricar sin reflexionar qué resultados darán sus explosivos comentarios. Desde luego, hay casos interesantes y serios, pero son los menos.
Vivimos momentos de enorme crispación, indignación colectiva y de desorientación, de aparente falta de brújula.
El "techo de la deuda": una amenaza inminente. En condiciones normales, habría que considerar imposible el que no se llegue a un acuerdo entre demócratas y republicanos, pero, ¿son tiempos normales?
¿Cómo nos puede afectar en México la disputa que existe alrededor de ese tema por parte de nuestros vecinos del Norte?
Vamos por partes.
La legislación norteamericana estableció como una regla a partir de 1917, que se fijaría un techo para la deuda del gobierno federal, que se podría contratar libremente crédito o colocar bonos sin requerir autorización específica del Congreso mientras no rebase ese límite. Está regla se ratificó en 1941.
Desde la década de los 60s, ese "techo", se ha elevado en casi 80 veces, conforme el gobierno ha requerido más dinero.
El último límite fue de 22 billones (trillions) de dólares establecido en 2019. Sin embargo, en la actualidad, la deuda alcanza los 28 billones.
La razón es que en agosto de 2019 se suspendió ese límite y hubo un acuerdo bipartidista para dejar vigente la suspensión hasta llegar a una cifra de 28.5 billones.
Los gastos regulares del gobierno de E.U, así como el pago de intereses de la deuda han permitido calcular a la secretaría del Tesoro, Janet Yellen, que bajo ese acuerdo, el gobierno solo contaría con recursos para hacerse cargo de sus obligaciones hasta aproximadamente el próximo 15 de octubre.
Sin embargo, el año fiscal de Estados Unidos comienza el viernes 1 de octubre.
Janet Yellen escribió el pasado 20 de septiembre en The Wall Street Journal lo siguiente: "El consenso abrumador entre los economistas y funcionarios del Tesoro es que no elevar el límite de la deuda produciría una catástrofe económica generalizada. En cuestión de días, millones de estadounidenses podrían tener problemas de efectivo.
El incumplimiento podría desencadenar un aumento de las tasas de interés, una fuerte caída en los precios de las acciones y otras turbulencias
financieras. Nuestra recuperación económica actual se convertiría en recesión".
A pesar de estas advertencias, ni los mercados financieros cayeron en el pánico ni tampoco los legisladores republicanos ablandaron sus posiciones.
Con mayorías demócratas en las dos cámaras del Congreso existen mecanismos para aprobar un Presupuesto que implique un nuevo y mayor techo de endeudamiento. Sin embargo, hay múltiples problemas de procedimiento para hacer eso de efectivo.
Obviamente, sí como describió Janet Yellen en su texto, hubiera una nueva recesión en E.U, el impacto sobre la economía mexicana sería enorme y tendrían que revisarse todos los pronósticos.
No vayamos a tener una crisis por el hecho de que la mayoría cree que ésta no puede darse. |
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