Jorge Francisco Cabral Bravo
AMLO amenaza con cruzar líneas rojas. Ha advertido que su gobierno absorberá las funciones de varios órganos autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), a los que tacha de caros, ineficientes y reductos de los privilegios del régimen neoliberal.
Debe preocupar pero no sorprender la propuesta de eliminar la autonomía de algunos órganos reguladores y garantes de derechos, y de reubicar sus estructuras y tareas a dependencias de gobierno federal bajo su control.
Para quienes creemos en la nueva gerencia pública que busca gobiernos innovadores al servicio de la gente, es clara la ceguera, confusión y anacronismo de la visión de AMLO. Él piensa que entidad que no da dinero al pueblo, entidad que no sirve. Piensa, además, que su gobierno no debe dar cuentas a reguladoras que no fueron electos por el pueblo. Considera ofensivo que PEMEX o la CFE deban pedir autorizaciones a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Reguladora de Energía (CRE). Desde hace años AMLO ha criticado fuertemente el gasto administrativo de dichos órganos y los ha acusado de ser cómplices de intereses contrarios a su proyecto, por lo que era de esperarse que esta propuesta se cristalizaría tarde o temprano.
La austeridad populista de López Obrador hace eco en buena parte de la población. Salvo muy pocos, la mayoría de los órganos autónomos no ha construido una narrativa clara y efectiva de su misión y su relevancia, de tal forma que a muy pocos dolería su extinción.
López Obrador va tras varios órganos autónomos ya. No esperará el riesgo de perder curules en la elección intermedia, sino que aprovechará su aún amplia mayoría en la Cámara de Diputados para promover la reforma constitucional. Si no lo lograse, podrá atrofiarlos mediante reducciones drásticas a su presupuesto 2022.
Esta es una línea roja cuyo cruce debe evitarse a toda costa.
Hasta ahora López Obrador ha roto vasos, pero esto implica romper la vajilla. La reducción de sueldos o la desaparición de subsecretarías son hechos que ha afectado el desempeño del gobierno, pero que son restaurables.
Desaparecer órganos autónomos implica bombardear la infraestructura del Estado mexicano y dejarlo parapléjico para una administración y regulación moderna del acceso a la información, la competencia económica y la regulación de los sectores de la energía y las telecomunicaciones. No sólo eso, se trata de una pésima desinversión. Gestar estos órganos llevó un trabajo de discusión, negociación e inversión en infraestructura física y humana durante más de dos décadas.
Desaparecerlos implica una pérdida enorme de capital acumulado y , a cambio, un ahorro de no más de dos o tres mil millones de pesos por año, que es mucho menos de lo que PEMEX pierde en una semana por una variación del precio del petróleo.
El mayor desafío para la defensa de los órganos autónomos es explicar su relevancia para la gente de carne y hueso.
Es necesario contestar preguntas sencillas: ¿Cómo la transparencia ayuda a mi vida cotidiana? ¿Qué significa la CNH para que haya más producción de petróleo y tengamos más gasolinas? ¿Cómo la COFECE me ayuda a tener más y mejores productos en el estante del supermercado?
AMLO cambia los términos del debate de forma tramposa. Ahora dice que estos órganos son reliquias para proteger al régimen neoliberal. Pero esos órganos fueron en buena medida, fruto de la lucha de la izquierda desde los años ochenta que buscaba arrebatarle a la hegemonía política del PRI pedazos de poder para proteger a los luchadores sociales, combatir el abuso del poder y la corrupción, erradicar el fraude electoral, evitar crisis económicas y contener el capitalismo de cuates.
La cautela y discreción de quienes encabezan esos órganos autónomos ahora, debe cambiar hacia una defensa clara y sin ambigüedades. AMLO está a punto de cruzar las primeras líneas rojas del sistema democrático del país; si lo logra, después vendrá el INE y el Banco de México.
A ningún gobierno le ha gustado ni le gustará nunca el derecho de acceso a la información, por lo que su protección no dependerá jamás de una graciosa concesión del poder. La defensa del derecho de acceso a la información no debe ser una labor de convencimiento sino de conquista y contención. Es una lucha entre quienes quieren concentrar el poder político, y quienes buscamos que los ciudadanos tengan una relación menos asimétrica con el poder.
Si esa defensa fracasa, será el fin del derecho de acceso a la información en México.
Y ahí vamos. Tenemos un Presidente que abre que abre todos los frentes posibles: quiere desaparecer órganos autónomos, aunque sea inconstitucional, de un INE que quiere callar sus mañaneras en época electoral, aunque no sea el INE sino la propia constitución; defiende una remodelación de 90 millones de pesos para el estadio del equipo de beisbol de su hermano; se enoja con las redes sociales por suspender las cuentas de Trump y propone la creación de su propia red, defiende a capa y espada al subsecretario que se saltó todas las recomendaciones dichas
por él mismo para no propagar el virus. Todo eso y apenas llevamos 21 días del año; claro más lo que se acumule. Cuánto ruido y cuánta polarización, que tampoco es nuevo. Un ambiente político al que nos hemos acostumbrado.
La pandemia del COVID afecta a todos los países del mundo. Pero como dice Mafalda fuera más fácil meter a los animales al Arca de Noé que a los humanos a sus casas. El éxito depende de varios factores. Los más exitosos son aquellos gobiernos que compartieron con sus ciudadanos los riesgos de quiebras y desempleo.
En Europa, EEUU, Canadá, Asia, Latinoamérica, el confinamiento se acompaña de subsidios al empleo, donde el gobierno para los sueldos como en Alemania. O se hacen préstamos con montos suficientes a tasa cero, o bien se exenta el pago de impuestos a empresas y personas. Todas las economías han caído, porque el costo del aislamiento es muy alto. Solo hay dos maneras de asegurarlo, cuando las personas tienen ahorros propios, o cuando los gobiernos apoyan a empresas y empleados con estímulos fiscales de diverso tipo y forma. Lo demás es una fantasía, pero el hambre, esa no se vence.
En México la ignorancia se une a prejuicios de clase. Ya somos el segundo lugar en el mundo en muertos por COVID 19. Ya son más de 138 mil muertos. AMLO se ha dedicado a socavar instituciones, como alguna vez lo expresó y ahora cumplió con sus propuestas de acabar con los órganos autónomos por supuestos ahorros, para concentrar el poder. Falta ver que deciden en el Senado.
Sin apoyos a las empresas y sin tratamientos fiscales especiales o de emergencia, el quédate en casa es tan solo un consejo, que no toda la población puede atender. El semáforo rojo no se piensa respetar por los restauranteros que dicen si no abren, quiebran. El gobierno ofreció 2800 pesos a los meseros para apoyar esta actividad, pero ya es muy tarde y sin acuerdos. Y así se eleva la confrontación entre economía y salud ante medidas absurdas y tardías del gobierno.
Según datos del IMSS, este año se han perdido cerca de 650 mil empleos, una caída del 32% anual. Ya en 2019 se habían perdido más de 200 mil. El CONEVAL señala que habrá mas de 10 millones de nuevos pobres.
Sin embargo, el manejo de la deuda, el T-MEC y sus cadenas productivas, apuntan a que en 2021 se recuperará crecimiento tras una drástica caída del PIB.
Tiene mucha razón la periodista Beatriz Pagés cuando dice que existe “Bullying” no sólo en los planteles escolares, sino en las instituciones. En efecto, la política es un ejercicio agresivo. Es una práctica de ataque y defensa que llega a ser despiadada y cruel. No es exclusivo de ningún sistema político, sino que acontece en todos, independientemente de su naturaleza o de su signo, en las democracias y en las dictaduras; en los países liberales y en los conservadores, en los desarrollados y en los atrasados. |
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