Francisco Cabral Bravo
Todos ellos, por encima de sus diferencias políticas e ideológicas, están hermanados en algo que a no pocos parecería inverosímil: su rechazo a toda opinión que no encaje, cabal y completamente, en su manera de ver el desarrollo del país.
En el ajedrez de AMLO esa ficha llamada Félix Salgado Macedonio nunca estuvo en riesgo de acabar fuera del tablero. Quitar al guerrerense le suponía abrir flancos inéditos, mientras que congraciarse con las mujeres no está en la lógica del poder del tabasqueño, pues no las considera un riesgo sustancial.
Ordenar la renuncia de Salgado Macedonio ponía a AMLO en un escenario que tratará de posponer tanto como pueda. Sería inaugurar cambios a partir de la presión de la calle o la opinión pública, territorios que él conoce como nadie. Si cedía, otros grupos podrían oler una oportunidad. López Obrador no iba a permitir que antes de la mitad de su mandato se le percibirá como débil o fácil de presionar.
Además, claro, de que igual y midió precisamente la calle. Y aunque el movimiento de mujeres y la tracción de sus agendas sólo crecerán, el cálculo presidencial es que su impacto político en el futuro próximo es marginal. Así que mucho ruido mediático y poca o nula traducción en costos electorales.
El presidente quiere salir del proceso electoral de junio con un nuevo instrumento de poder.
El año pasado nos recordó que los gobernadores son los encargados de las elecciones. Los Virreyes siguen existiendo en nuestra política, y que pueden complicarle la vida incluso a un mandatario tan desinhibido como AMLO.
Morena simuló una nueva encuesta para ganar tiempo, distraer a colectivos de mujeres y despresurizar la disidencia interna. Al final se impuso la disciplina priista, digo, pejista: los dedazos del Presidente son incuestionables, aunque se toleren un par de twitazos de protesta. Porque sólo hay un ajedrecista, y éste no quiso desprenderse de su peón para Guerrero. Y el resto de los peones acató. Y en Guerrero a él le cuadra Félix y háganle como quieran.
Dándole vuelta a la hoja, hay caprichos que cuestan caro. El deseo de imponer un discurso y una ideología sin miramiento de los imperativos que contempla el derecho, pasando por los procesos para su control y convalidación a través de la vía judicial, constituye una decisión que acarreará costo económico.
El magistrado presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, siempre ha sido un hombre progresista. No dudo simpatiza con AMLO, aunque no es tema que deba influir en su posición en el Consejo de la Judicatura que también preside y al que el ejecutivo federal dirigió carta para pedir se investigué al juez que otorgó la suspensión provisional contra la LIE por favorecer a un monopolio estatal, aún en contra de los consumidores y que anula a las energías limpias.
La sentencia es clara, se elimina la libre competencia, derecho constitucional, y se favorece a la CFE, las reformas pueden afectar el medio ambiente y se cambian las certificaciones de energías limpias. Los aspectos sociales y de interés general son guía del amparo que se concede pues se afecta consumidores y compromisos internacionales.
La apreciación es provisional, pero puede suceder que exista una probable inconstitucionalidad del acto reclamado por los particulares. Eso no hace traidores a la patria, ni a los abogados, ni al juez. Se otorga con efectos
generales pues sí sólo se aplica a los quejosos, se les otorgaría una ventaja competitiva, lo cual es totalmente injustificado.
Ya otros quejosos están consiguiendo amparos y es probable se generalizan los litigios hasta llegar a la SCJN que deberá analizar el fondo, es decir, si se viola o no la Constitución.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro es atacado por su determinación y valentía, no se le respeta su independencia y se quiere un castigo ejemplar cuando su carrera es honorable y se caracteriza por su honestidad.
Tampoco se trata de su persona. No puede haber abogado que no se sienta indignado por el ataque del que fue víctima el juez que puntualmente ejerció la función para la que fue designado. El tema es si el Poder Judicial se someterá al Poder Ejecutivo, más allá de las leyes, y ese es un asunto de interés nacional. Jueces y Magistrados ya expresaron su opinión al respecto en defensa de la autonomía. El juez Gómez no actuó con premura, el asunto es sencillo, se percibe la inconstitucionalidad fácilmente, y los abogados de las empresas tienen preparados sus amparos desde que se mandó la iniciativa preferente al Congreso con la instrucción de no cambiar ni una coma. La resolución primero tendrá que ser ratificada, luego pasar por Tribunales Colegiados y terminará en la SCJN.
No cabe duda que el presidente ha volcado en su contra la opinión unánime de la abogacía, que lógicamente cobijara la resolución que inminentemente debería dictar el juez difamado por simple solidaridad con la función que desempeña. Las acusaciones deberán provocar un examen mucho más acucioso de constitucionalidad de la ley combatida, que lógicamente tenderán a privilegiar un examen mucho más restrictivo y garantista de la propia Carta Magna a favor de quienes ya vienen desempeñando actividades reguladas con motivo de las cuales han desembolsado fuertes inversiones.
De haberse advertido que la suspensión provisional admite recurso, y que el incidente procesal respectivo puede ofrecerse pruebas y expresarse alegatos que podrían haber conducido a la obtención de una resolución denegatoria
de la suspensión definitiva por distinto cauce, quizá lo más conveniente habría sido permanecer en silencio hasta que dicha resolución se notificará. El presidente optó por un atropello anticipado que forzará a un estudio del caso más puntual, posiblemente, en contra de la política que pretende impulsar.
AMLO pide que se investigue y acusa a Claudio X González y al ex ministro José Ramón Cossío de ser cómplices de corruptelas y arbitrariedades. Dice el Estado de Derecho es sólo una excusa del abuso de violadores de las leyes. En su teoría de la conspiración no ofrece prueba alguna. Tampoco defiende la legalidad de la LIE, ni del alza de tarifas, ni de cómo se ahuyentan inversiones, para él, el Estado de Derecho es un estorbo. Acusa y sataniza persona sin prueba alguna. No arguye ningún elemento jurídico que le otorgue la razón frente a los daños, al interés general, ni a los aspectos sociales.
Es un coraje, por lo que considera un desafío a su autoridad que no tiene base jurídica en un Estado de Derecho qué quiere desaparecer porque le estorba.
Es tan grave el atropello de pretender investigar a un juez por un criterio sustentado en un caso dado, que la decisión atravesará fronteras.
La confirmación de que la labor efectuada por el juez Gómez Fierro es no solo proba, sino apegada a la ley, vendrá a consolidar a la institución y a las estructuras del poder en este país en las que queda encomendada la labor de contrarrestar la actuación arbitraria o caprichosa de sus pares.
Presidente: No queremos energías contaminantes, no queremos pagar más por la luz, no queremos monopolios estatales caros e ineficientes, no queremos se viole la libre competencia, se afecte la ecología. No queremos trabas al T-MEC. Queremos inversionistas puestos a apostar por México y usted debe dar las garantías del pleno derecho. No lo elegimos para acabar con nuestros derechos, le pedimos reconsidere y respete el Estado de Derecho. Al ministro Zaldívar pedimos que actúe para hacer valer la
independencia del Poder Judicial y que proteja a México de juicios internacionales. Que prevalezca el Estado de Derecho. Usted y el presidente AMLO juraron cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanan. Es momento de definiciones.
Todo México y el mundo están al pendiente de sus resoluciones. Queremos ser parte de una comunidad internacional que nos reconozca por ofrecer certeza y legalidad. No debemos limitar el derecho de amparo.
Sí motiva para sentir tranquilidad el saber que, al final, como lo expresa el decálogo de los abogados, el tiempo acabará dándole la razón al derecho y a la justicia. |
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