En política no cabe el arrepentimiento, uno se equivoca o acierta, no cabe arrepentirse.
(Santiago Carrillo).
Como lo he comentado en otras ocasiones todos los gobiernos mienten, pero unos mienten más que otros. O azucaran la verdad. O iluminan las cifras felices y tratan de ocultar las infelices. Nada de eso es nuevo. Por ello, para iluminar al ciudadano y darle acceso a la verdad está en primer lugar, el periodismo y los/las periodistas, más recientemente, las instituciones responsables de la transparencia y el acceso a la información, como INAI, las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la verdad y los estudiosos y académicos.
La “verdad” no es algún ente abstracto. Difundirla u ocultarla puede significar la desgracia para miles, incluso millones.
Un relámpago se me aparece cuando leo a periodistas con fama de serios repetir los boletines del gobierno federal respecto a las medidas tomadas frente a la crisis de salud y económica. Periodistas antes acuciosos que sometían la verdad oficial a la confrontación con diversas fuentes ahora la toman directamente de las conferencias matutinas sin osar cuestionarla. La verdad no siempre es revolucionaria, supongo que repetirán frente al espejo.
Me refiero específicamente a la afirmación del Presidente de que aproximadamente 70% de los hogares mexicanos reciben algún tipo de ayuda directa del gobierno federal y que, siendo estos de los estratos más necesitados, no se requiere ninguna iniciativa adicional, ya sea para salvar el empleo formal o para proveer un ingreso de emergencia, un ingreso vital, a los millones que han perdido el empleo o han visto disminuir o incluso desaparecer sus ingresos.
En México hay 32 millones de hogares. El 70% son 22.4 millones de hogares. Si los programas sociales anunciados por el gobierno en 2019 se hubieran cumplido a la perfección, 23 millones de ciudadanos, no necesariamente jefes de familia, recibirían alguna transferencia directa, como lo publicó en Nexos María Amparo Casar.
Pero ya sabemos que la perfección no existe y que varios de estos programas no han logrado sus metas. Por ejemplo, el programa de adultos mayores preveía un universo de 9.75 millones de beneficiarios, pero hasta ahora solo cubre 8.4 millones, o el de jóvenes construyendo que se anunció para 2.4 millones y con dificultad llega al millón.
¿Quién tiene razón, el gobierno federal que tiene interés en que sólo se conozca su mejor cara o los mexicanos a los que pregunta el INEGI? En abril pasado, en la encuesta telefónica sobre COVID-19 y ocupación, levantada por el INEGI, sólo 5%
de los encuestados afirmó haber recibido ayuda del gobierno, 22% recibió ayuda de la familia quizá refiriéndose a las remesas, y 12% de los negocios declaró haber recibido ayuda gubernamental. Pero vamos a pensar que aún es temprano y que habría que esperar a los meses posteriores.
El Presidente de México confía en una rápida recuperación. También aquí vale la pena consultar al INEGI. Si la inversión fija bruta se desplomó en mayo y junio a niveles de junio de 1997, no hay como confiar en una recuperación sólida y sostenible.
Si eres político y quieres evadir la realidad, haz una ley: prometes mundos mejores, cosechas aplausos y, si nada cambia, ya será culpa de quienes la implementaron. Lo más probable es que nadie te reclame en algunos años.
Ser frívolo significa quedarse en la superficie, aparentar, simular y no hacer las cosas con la seriedad e importancia que merecen.
En otro contexto pareciera que las reformas estatutarias del PRI son muy discutidas. Hay impugnaciones en contra de la concentración del poder en la Presidencia, otras por no cumplir con procedimientos internos, otros por violar derechos políticos y electorales demilitantes. Así que aún falta una definición de cómo quedarán los estatutos, pues seguramente algunas de las impugnaciones pueden proceder en tribunales. Lo interesante, sin embargo, es analizar qué hay detrás de esta concentración de facultades y atribuciones del Presidente del CEN.
Conozco al PRI desde hace mucho tiempo y milité en él. De acuerdo con mi experiencia, el análisis que puedo hacer sobre el tema puede clarificar las decisiones que se han tomado y causan tanta polémica. Desde que los partidos políticos accedieron a recursos públicos, empezó a darse un nuevo fenómeno de fortalecimiento de liderazgos y burocracias partidistas que dependían de los votos para acceder a cargos de elección plurinominales, porque por ser impresentables una elección por mayoría no podrían ganarla.
Se degradó la militancia, los dirigentes de los partidos locales buscaban alejar a cualquier competencia que pudiese amenazar su acceso a prerrogativas. En lugar de ser los partidos ámbitos de participación ciudadana, se convirtieron en trincheras de grupos, que, poco a poco, fueron secuestrando las decisiones del partido.
Luis Donaldo Colosio creó los Consejos Políticos como una herramienta de participación y de discusión, de debate para la toma de decisiones.
Mientras los Gobernadores y el Presidente de la República fueron priístas, nadie cuestionaba o se oponían a las decisiones que los consejos políticos convalidaban. Pero cuando se perdieron las posiciones se fortaleció la Presidencia local del partido y ahí se tomaban y operaban decisiones. Pero después, quien controlaba el Consejo, generalmente el Presidente del PRI local, podía invalidar candidaturas o rechazar propuestas que podrían ser de buen perfil, pero no eran parte de su grupo.
La pluralidad cambió las reglas. El Presidente del CEN ya no podía proponer o imponer candidaturas en las entidades en que el Gobernador no era priísta. Debía negociar con los grupos locales. Sucedía que muchos militantes y cuadros se alejaron del PRI porque se cerraron los espacios de participación. El Presidente del estado controlaba las posiciones y ante cualquier problema acudía a tribunales y casi siempre ganaba su caso. Poco a poco, esta burocracia partidista se adueñó del partido en territorios remotos, en otros urbanos.
Este fenómeno de empoderamiento de líderes del PRI locales, que se registra en todo el país, y presidentes y diputados locales, que además se alían con quien gobierna, ha debilitado mucho al PRI.
Votos de priístas en congresos locales para fortalecer a gobiernos de otros partidos, son comunes.
Reciben las prerrogativas locales, y negocian prerrogativas nacionales, con diversos resultados. De ahí que la decisión de concentrar el poder de la toma de decisiones es una necesidad para la dirigencia nacional. La alianza con los gobernadores permanece aún, pero ante los próximos comicios las decisiones deben abrirse a la sociedad y a los mejores perfiles, lo cual es imposible si no se desbanca a consejos locales y dirigencias autónomas. Evitar la judicialización de las candidaturas es necesario, no hay tiempo de perder en 2021.
Si se piensa en alianzas con otros partidos las medidas tomadas cobran un mayor sentido. Se acabó la discusión de si el candidato es del PAN o de MC o del PRD y no del PRI. El presidente puede tomar las decisiones necesarias en candidaturas o gobernadores, Cámara de Diputados, congresos locales y municipios, sin que la burocracia partidista lo frene.
Su palabra adquiere mayor peso, pues ya no enfrenta presiones jurídicas, tiene el control de las decisiones. Para mí, ese es el verdadero sentido de las reformas estatutarias del PRI.
Ahora bien, hay desde luego temores y suspicacias, no sólo de quienes han sido desplazados de la toma de decisiones, sino de analistas y militantes que plantean que, si bien es necesario retomar una sola alineación en el PRI, ésta no se resuelva en una alianza con MORENA. Cierto que muchos priístas se fueron a MORENA, pues ideológicamente se sentían más cómodos. Cierto que la competencia entre PRI y PAN en lo electoral ha sido durísima y será difícil de aceptar una alianza. Pero cierto también que el PRI recupera su capacidad de abrirse a candidaturas competitivas. |
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